El intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa el 30 de septiembre ratifica lo que venimos sosteniendo en esta columna ya hace unos años: la mayoría de los gobiernos que llevan adelante reformas estructurales y desafían el poder de algunos sectores de las clases dominantes están siendo desestabilizados para que caigan a corto o mediano plazo.
Más allá de las intenciones iniciales -u ocultas- del levantamiento de los policías y las ocupaciones de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, el objetivo era deshacerse de Correa. En este contexto, se debe dejar en un segundo plano el debate teórico sobre las categorías a utilizar para definir un golpe de Estado o cuáles son las semejanzas y diferencias con otros recientes intentos golpistas y con los golpes cívico-militares de los años sesenta y setenta.
Más allá de las particularidades de este caso hay que observar el contexto global latinoamericano y no hay que perder de vista que en los últimos años han existido movimientos desestabilizadores en Venezuela, Bolivia, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Honduras o Ecuador. En algunos casos se involucraron sectores de las Fuerzas Armadas. En otros, movimientos civiles de todo tipo que buscaban minar el poder de estos gobiernos, extenuarlos, debilitarlos, impedirles gobernar, forzar renuncias o directamente derrocarlos.
Tampoco es casual que los medios de comunicación opositores estén minimizando lo sucedido y negando que hubiera habido un intento de golpe de Estado. Es más, subrayan que la culpa de todo la tiene Correa, de la misma manera que Manuel Zelaya fue “culpable” de atreverse a convocar una Asamblea Constituyente para reformar la constitución.
Hay que destacar la rápida reacción de UNASUR. Mientras la OEA emitía un comunicado de condena a la ruptura institucional, y el Departamento de Estado desde Washington condenaba la violencia en general y de forma abstracta (casi como esperando a ver el desenlace), UNASUR convocó de urgencia a las presidentes para reunirse el mismo jueves 30, viajar a Quito, y manifestarle su apoyo a Correa. Los reflejos del bloque muestran el aprendizaje de lo sucedido en Honduras en junio de 2009.
Aunque muchos señalen que Rafael Correa sale fortalecido del intento de golpe de Estado su situación no es sencilla ya que enfrenta una profunda crisis política. Además, carece de un partido político organizado, está enfrentado a gran parte de los movimientos sociales -en particular a varios sectores indígenas- y en su gobierno hay pujas internas que lo debilitan. Por otra parte, una vez más ha quedado demostrado que no alcanza con poner dirigentes progresistas al frente de la policía y las Fuerzas Armadas para que éstas apoyen un proyecto inclusivo de las grandes mayorías. Cuesta creer que ahora se “disciplinen” o que las poderosas clases dominantes y los medios de comunicación se crucen de brazos mientras Correa intente reorganizarse para consolidar su poder.